En una sesión legislativa cargada de polémica y marcada por el desdén a voces ambientalistas, el Congreso del Estado de Puebla aprobó una reforma exprés a la Ley de Arbolado Urbano para permitir el encalado de árboles en espacios públicos, una práctica anteriormente prohibida por sus posibles efectos adversos sobre los ecosistemas urbanos.
El dictamen fue avalado con 34 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones (todas del grupo legislativo de Acción Nacional), en un proceso que duró menos de una semana desde su presentación. El impulsor de la iniciativa fue el diputado morenista Andrés Villegas, a raíz de una polémica protagonizada por el gobernador Alejandro Armenta, quien ordenó el encalado de árboles previo al desfile cívico del 5 de mayo.
La controversia inició cuando un video mostró al gobernador defendiendo el encalado y confrontando a un reportero y declarando que seguiría encalando árboles -aunque estuviera explícitamente prohibido en la ley-, porque su experiencia le decía que no los dañaba. Luego, Armenta ofreció una disculpa pública, reconoció que nadie está por encima de la ley, pero dejó claro que impulsaría una reforma para que el encalado sea legal.
La reforma llegó casi de inmediato y fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, encabezada por la diputada del PVEM Beatriz Manrique Guevara, e integrada también por Kathya Sánchez Rodríguez, Esther Martínez Romano, Elpidio Díaz Escobar, Floricel González Méndez, Jaime Alejandro Aurioles Barroeta y Ana Lilia Tepole Armenta. La reforma pasó al pleno y todos los miembros de la comisión votaron a favor.
Desde tribuna, Beatriz Manrique calificó la reforma como “muy sensata”, admitiendo que el encalado puede causar daños, pero defendiendo la medida con el argumento de que permitirá hacer un análisis técnico por ejemplar. Aseguró que “no es un encargo de nadie”, sino una actualización necesaria.
En contraste, la diputada panista Celia Bonaga criticó el procedimiento y pidió mayor discusión. Desde su escaño, solicitó que se reunieran con ambientalistas, biólogos y expertos para valorar los efectos del encalado. Bonaga reveló que los y las legisladores recibieron una carta enviada por asociaciones ambientales, quienes advirtieron que el encalado puede ser contraproducente y generar contaminación del suelo y pidieron diálogo. La panista sostuvo que: “El encalado es obsoleto, un indicador de baja cultura en el cuidado del arbolado”.
Pese a esa solicitud, la reforma se aprobó sin mesas técnicas ni consultas públicas. Llamó la atención que ninguno de los siete legisladores del Partido Verde Ecologista, cuya agenda debería estar alineada con la protección ambiental, haya defendido la participación ciudadana ni expresado preocupación por las consecuencias de la reforma.
Aunque el dictamen establece que el encalado sólo podrá hacerse tras un análisis por especie y ejemplar, no queda claro cómo se implementará esto en términos técnicos y presupuestales. Tampoco se definió quiénes serán los especialistas responsables de dictaminar qué árboles sí y cuáles no pueden ser encalados.
Por último, la reforma deja dudas sobre la capacidad de los ayuntamientos para aplicar esta política de forma efectiva, ya que muchos municipios no cuentan con personal técnico especializado ni recursos suficientes.
