Últimamente, no se habla de otra cosa. Desde que se aprobó, y hasta antes con los paros y marchas que vimos en varias partes del país, la nueva reforma judicial ha estado en boca de todos. Pero si no sabes exactamente de qué va todo esto, aquí te lo explico en un dos por tres, o de volón pin-pon (como diríamos los chavorrucos) sin complicaciones, para que puedas entender qué cambió y por qué ha causado tanto revuelo.
Primero, un repaso rápido a lo que aprendimos en primaria: México es una república democrática, representativa y federal. Esto significa que nuestro gobierno se organiza en tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cada uno tiene su rol específico, y todos existen tanto en el ámbito federal como en el local. Pero hoy nos enfocaremos en el nivel federal.
- El Poder Ejecutivo es el que se encarga de aplicar las leyes, y lo encabeza el presidente, que ahora es AMLO y en unos días será Claudia Sheinbaum.
- El Poder Legislativo, formado por la Cámara de Diputados y Senadores, es el que crea las leyes.
- Y finalmente, el Poder Judicial está compuesto por los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de los Tribunales y los Jueces de los Juzgados, y su chamba es supervisar que las leyes se cumplan, sancionar cuando no es así y resolver conflictos.
¿Por qué es importante esta división? Pues porque es la base para mantener la democracia en el país, evitando que todo el poder se concentre en una sola persona o institución. Hasta aquí, todo cool. Ahora, seguro sabes que elegimos al presidente, diputados y senadores mediante el voto.
¿Pero qué rollo con los ministros, jueces y magistrados? ¿Esos cómo se eligen?
¿Cómo se elegían antes?
Antes de la reforma, los jueces y magistrados eran seleccionados mediante un proceso bastante riguroso. Tenían que pasar un examen muy difícil, con resultados públicos. Además, se les hacía una entrevista pública y se evaluaban su experiencia y estudios. Básicamente, para llegar a ser magistrado o juez, tenías que estar súper preparado y demostrarlo.
Para elegir a los ministros de la Suprema Corte, el proceso era un poco diferente. El presidente proponía una terna (tres opciones) que enviaba al Senado, y los senadores se encargaban de evaluar y decidir quién de esos tres se convertía en ministro.
¿Qué cambia?
Con la nueva reforma judicial que se acaba de aprobar, la idea es que tanto ministros como magistrados y jueces sean elegidos por el pueblo mediante elección popular. O sea, así como elegimos al presidente, diputados y senadores, ahora también vamos a elegir a estos representantes del Poder Judicial.
¿Cómo va a funcionar esto? Pues habrá una convocatoria en la que los abogados y licenciados en derecho se podrán postular, y el requisito principal es que su promedio al finalizar la carrera sea de 8. Sí, leíste bien, con un promedio de 8 ya te puedes postular. Si lo comparamos con el proceso anterior, este requisito suena bastante chafa, ¿no?
¿Por qué tanto alboroto?
Lo que más preocupa a los que no están de acuerdo con esta reforma es que se politice el Poder Judicial. Antes, los jueces y magistrados eran seleccionados con base a su preparación y experiencia. Ahora, para ser elegido, tendrás que hacer campaña, igual que los políticos. Y claro, hacer campaña cuesta dinero. Aquí es donde entra la preocupación: ¿quién va a financiar estas campañas? Podrían ser partidos políticos, empresarios o, en el peor de los casos, hasta el crimen organizado. Y ya sabemos que quien paga manda, lo que podría poner en riesgo la independencia del Poder Judicial.
O volvemos a sangrar al INE
Además, al tener que hacer campaña, los jueces y magistrados ya no serán tan neutrales como antes. Y aunque antes el proceso de selección tenía sus fallas, como el nepotismo y las conexiones, la reforma propone un cambio que no todos ven con buenos ojos.
Por otro lado, los que apoyan la reforma argumentan que muchas veces para llegar a ser juez o magistrado se necesita tener las «conexiones correctas», lo cual podría verse como una especie de herencia de plazas, similar a los títulos nobiliarios. ¿Pero que no eso ya se hace en todas las instituciones públicas? Como venta de plazas en el IMSS, SEP y otras secretarias. (Básicamente en todo el sector público) Con esta reforma, se espera que las cosas cambien y que cualquier ciudadano pueda aspirar a estos cargos, eliminando esas viejas prácticas.
Entonces, ¿qué sigue?
Ahora que la reforma es una realidad, los jueces, magistrados y ministros serán candidatos y nosotros tendremos que ir a las urnas a votar por quien queremos que nos represente en el Poder Judicial. El problema es que es probable que veamos listas enormes de candidatos más larga que la biblia (libro favorito de algunos políticos) y que la mayoría de la gente no conozca ni esté interesada en sus propuestas. ¿Qué haremos? Puede que muchos terminen votando de tin-marin-de-do-pin-güe, y en lugar de elegir de manera informada, terminemos haciendo un sorteo.
El tiempo dirá si esta reforma traerá más justicia o si complicará aún más las cosas. Lo que está claro es que, para bien o para mal, el panorama del Poder Judicial en México está a punto de cambiar drásticamente. ¡A ver qué pasa!
Flash News!!!
Justo cuando pensábamos que la nueva reforma judicial ya era un hecho, una noticia de última hora ha sacudido el panorama. Una jueza federal, Nancy Juárez Salas, de Coatzacoalcos, Veracruz, ha ordenado a AMLO y al director del Diario Oficial de la Federación eliminar el decreto de reforma publicado el pasado 15 de septiembre. Esta decisión se dio en el marco de un juicio de amparo promovido contra la reforma, en el cual la jueza argumenta que uno de los objetivos principales de la separación de poderes es garantizar la independencia de los jueces. Al permitir que se privilegie arbitrariamente el orden público y el interés social sobre los derechos humanos, se podría violar la Constitución y poner en riesgo la estructura democrática del país.
La jueza otorgó una suspensión definitiva que detiene la publicación del decreto hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo. Esto significa que, por ahora, la reforma judicial queda en pausa, y el futuro de esta controversial ley es incierto. ¿Qué pasará después? Eso lo decidirán los tribunales en los próximos meses, pero lo que es seguro es que la discusión está lejos de terminar.
