El caso del robo de una menor recién nacida, que había conmocionado a la comunidad el pasado 30 de septiembre, ha dado un giro inesperado tras la investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Inicialmente, se reportó que una bebé había sido sustraída de la Clínica Materna en la colonia Joaquín Colombres, lo que llevó a la activación de una Alerta Amber tras el alarmante reporte de la madre, Ana Laura N.
Sin embargo, las versiones sobre el suceso han cambiado drásticamente con el avance de la investigación. En un principio, se manejó la hipótesis de un simple robo. Posteriormente, surgieron informes que sugerían la existencia de un acuerdo ilegal entre la madre y una pareja para entregar a la pequeña en adopción de forma no formal.
La última narrativa, proporcionada por la Fiscalía, indica que la situación era más compleja de lo inicialmente reportado. Según las autoridades, la bebé no fue robada en sentido estricto; en realidad, fue retirada de la clínica por los abuelos paternos, quienes habían llegado a un acuerdo con la madre para asumir la custodia de la niña. La madre había sido informada de que la menor había sido sustraída por un tercero, lo que complicó aún más el relato inicial.
Gilberto Higuera Bernal, fiscal general de Puebla, afirmó que se analizarán los detalles del caso para determinar las responsabilidades de todos los involucrados: la clínica, la madre, los abuelos paternos y el padre de la bebé, quien hasta el momento ha rechazado asumir la responsabilidad del embarazo. En un comunicado a través de la red social X, la Fiscalía enfatizó que «se descartó el supuesto robo de la bebé y se desactivó la Alerta Amber».
Este caso resalta la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente, dado el impacto emocional y social que situaciones como esta generan en la comunidad. Las autoridades continuarán su labor para esclarecer todos los hechos y garantizar el bienestar de la menor involucrada.
