En un controvertido giro judicial, Xóchitl Ramírez, reconocida defensora de los derechos de las mujeres, ha sido nuevamente sujeta a prisión preventiva. La decisión fue tomada este jueves por la jueza de control Isabel de los Santos Villalba, en respuesta a la solicitud del Ministerio Público que argumentó riesgos de fuga y manipulación de pruebas por parte de la imputada.
Ramírez enfrenta acusaciones de robo calificado, delito que supuestamente cometió el 3 de junio de 2021 en las instalaciones de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género de la Fiscalía General del Estado (FGE). Según el expediente, la activista presuntamente sustrajo documentos y equipo de cómputo. Ramírez ha negado consistentemente estas acusaciones, calificándolas de una represalia política debido a su trabajo en defensa de las mujeres víctimas de violencia.
El caso ha generado una amplia reacción en la comunidad de derechos humanos, tanto a nivel local como nacional. Diversas organizaciones han expresado su preocupación por lo que consideran un uso indebido del sistema de justicia para silenciar a defensores de derechos humanos. Ramírez ha estado involucrada en múltiples denuncias contra autoridades estatales por inacción y complicidad en casos de violencia de género.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó nuevas pruebas que, según argumentaron, justifican la necesidad de mantener a Ramírez en prisión preventiva. Por su parte, la defensa de Ramírez solicitó medidas cautelares alternativas, argumentando que su cliente siempre ha mostrado disposición de cooperar con las autoridades y que su encarcelamiento afecta su labor como defensora de derechos humanos.
La detención de Xóchitl Ramírez ha suscitado una ola de apoyo en redes sociales, con hashtags como #LiberenAXóchitl y #JusticiaParaXóchitl que se han vuelto tendencia. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han emitido comunicados urgentes pidiendo una revisión exhaustiva e imparcial del caso.
La reclusión de Ramírez pone en el centro del debate la situación de los derechos humanos en Guerrero, especialmente en lo que respecta a la protección de los defensores de derechos. La comunidad espera que las autoridades judiciales garanticen un proceso justo y transparente, y se aseguren de que las acciones legales no se utilicen como herramienta de represión política.
Este caso subraya la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de protección para los defensores de derechos humanos en México y garantizar que la justicia no sea manipulada para acallar voces disidentes.
