La nueva iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum ante el Congreso de la Unión, ha generado una fuerte controversia nacional e internacional. Aunque el gobierno defiende la propuesta como una herramienta de modernización tecnológica, organismos especializados, oposición política y organizaciones civiles advierten sobre posibles riesgos para la libertad de expresión y el cumplimiento de acuerdos internacionales como el T-MEC.
Uno de los puntos más cuestionados de la propuesta es la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dirigida por José Antonio Peña Merino. De acuerdo con el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), esta nueva entidad tendría amplias facultades, incluyendo la capacidad de bloquear temporalmente plataformas digitales, lo que podría abrir la puerta a prácticas de censura similares a las observadas en países como Venezuela o Nicaragua.
El IDET sostiene que la reforma elimina la independencia del regulador —anteriormente garantizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)— y promueve la concentración de poder en empresas estatales, lo que podría fomentar monopolios contrarios a las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). También advierte que las disposiciones de sanción económica para plataformas digitales podrían disuadir su permanencia en el país.
En especial, ha causado alarma el artículo 109 del proyecto, que faculta a la nueva Agencia a bloquear plataformas digitales en caso de incumplimiento normativo, lo que muchos califican como un riesgo de “autoritarismo digital”.
Frente a la polémica, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió públicamente revisar o eliminar dicho artículo, asegurando que su gobierno no tiene intención de implementar censura ni reprimir la libertad de expresión en redes sociales. “Si hay alguna duda de que vamos a censurar, que se elimine. No hay ningún problema”, declaró la mandataria.
La propuesta fue aprobada en comisiones unidas del Senado bajo un procedimiento fast track, con 29 votos a favor, nueve en contra y sin abstenciones. A pesar de ello, la oposición y sectores académicos han pedido abrir foros de discusión para replantear el enfoque de la reforma.
Aunque el IDET reconoce que es necesaria una actualización legal en materia de telecomunicaciones —debido al avance de tecnologías como la inteligencia artificial y la necesidad de garantizar acceso universal a servicios de calidad— insiste en que el proceso debe ser transparente, democrático y respetuoso de los compromisos internacionales de México.
La discusión ahora se traslada al pleno del Senado y a la opinión pública, donde el equilibrio entre la transformación digital y la protección de los derechos fundamentales marcará el rumbo del debate.
