La protección política como escudo ante la justicia ha vuelto a ser tema de controversia en la Cámara de Diputados, donde la Sección Instructora determinó desechar la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena, acusado de abuso sexual. La decisión, respaldada por legisladores de Morena y el Partido Verde, ha sido calificada por la oposición como un claro ejemplo de tráfico de influencias para garantizar la impunidad del exfutbolista.
El único voto a favor de continuar con el desafuero fue el del diputado panista Germán Martínez, quien denunció que Morena ha cubierto a Blanco con «su manto de protección», permitiendo que evada las consecuencias legales de las acusaciones en su contra. Martínez exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora de Morelos, Margarita González, que se pronuncien sobre esta resolución, recordando que fue la propia gobernadora quien solicitó el desafuero.
Según la resolución de la Sección Instructora, la investigación presentada por la Fiscalía de Morelos contenía «inconsistencias y falta de pruebas sólidas». Sin embargo, legisladoras de distintos partidos han calificado esta justificación como un pretexto para encubrir a un presunto agresor. La vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna, denunció que se ha dejado de lado a la víctima y que la decisión es una «traición a la confianza ciudadana en las instituciones».
El caso de Cuauhtémoc Blanco pone en entredicho el discurso de Morena contra el tráfico de influencias, una práctica que la bancada oficialista ha condenado desde el sexenio pasado. La protección brindada al diputado no solo refuerza la percepción de que la justicia en México está al servicio de intereses políticos, sino que también envía un mensaje alarmante a las víctimas de violencia de género: la impunidad sigue siendo la norma cuando el acusado cuenta con los aliados adecuados.
El dictamen será enviado al pleno de la Cámara de Diputados para su revisión final, mientras que la Fiscalía de Morelos podría intentar una nueva denuncia si logra reunir pruebas adicionales. Sin embargo, el precedente que deja esta decisión es claro: cuando se trata de proteger a uno de los suyos, Morena está dispuesto a cerrar filas, incluso a costa de la justicia y la credibilidad de las instituciones.
