- Dos madres acusan a la profesora Valeria Largaespada Bagatella de presunta intimidación contra su hija, de aproximadamente dos años, y a la directora Elia San Pedro Hernández de ordenar que tiraran la comida de la menor y emitir comentarios discriminatorios por tener dos mamás. El caso se suma a los señalamientos de agresiones físicas contra al menos 13 pequeños del maternal del Instituto Mexicano Madero, plantel Zavaleta.
Puebla, Pue.– ¿Quién protege a los niños cuando quienes deberían cuidarlos son señalados por presuntamente violentarlos? ¿Y qué ocurre cuando una familia acude a pedir explicaciones y, en lugar de encontrar respaldo, denuncia haber recibido discriminación por tener dos madres?
Estas son algunas de las preguntas que deja una nueva denuncia recibida por la redacción de Ni Perra Idea, relacionada con presuntos actos de intimidación, maltrato y discriminación en el Instituto Mexicano Madero (IMM), plantel Zavaleta, en Puebla.
Una familia homoparental señaló a la profesora de inglés Valeria Largaespada Bagatella por presuntas conductas de intimidación contra su hija, de aproximadamente dos años, y a la directora Elia San Pedro Hernández por el supuesto ocultamiento de información sobre el bienestar de la pequeña, además de comentarios que las madres consideran abiertamente discriminatorios.
El testimonio cobra especial relevancia porque no se trata de un señalamiento aislado. Se suma a las denuncias de otros padres de familia que acusan a la misma docente de presuntas agresiones físicas contra al menos 13 menores de entre un año y medio y dos años de edad, quienes habrían sufrido pellizcos, golpes, lesiones en los labios y castigos prolongados. También se han reportado cambios en el comportamiento y afectaciones emocionales de los pequeños.
De acuerdo con los testimonios difundidos el 4 de noviembre, alrededor de 40 padres de familia acudieron ante la dirección del Instituto para exigir explicaciones sobre lo que presuntamente ocurría dentro del maternal. Sin embargo, señalan que no recibieron la respuesta institucional que esperaban.
La situación escaló al punto de que, el pasado 3 de noviembre, una docente que aseguró haber presenciado algunas de las agresiones acudió ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para presentar una denuncia.
Una pequeña regresaba con lesiones y su comida terminaba en la basura
En el caso de la familia homoparental, las madres relataron que comenzaron a notar situaciones que encendieron sus alarmas: su hija regresaba de la escuela con lesiones que, según les explicaban, habían sido producto de accidentes, mientras que también surgieron dudas sobre si estaba alimentándose adecuadamente durante su estancia en el maternal.
La preocupación aumentó cuando una profesora de español decidió acercarse a ellas para compartirles información sobre lo que presuntamente sucedía con la pequeña.
Según el testimonio de las madres, la docente les habría revelado que la niña no consumía los alimentos que le enviaban desde casa porque se sentía intimidada por su profesora de inglés, Valeria Largaespada Bagatella.
Pero el señalamiento más delicado apunta a la propia dirección del plantel: las denunciantes aseguran que Elia San Pedro Hernández habría ordenado tirar la comida de la menor a la basura para evitar que sus madres descubrieran que no estaba comiendo.
De confirmarse, no se trataría solamente de una falla de comunicación entre la escuela y la familia, sino de una situación que habría impedido a dos madres conocer oportunamente las condiciones en las que su hija permanecía durante la jornada escolar.
Dos mamás, una denuncia y presuntos comentarios discriminatorios
Cuando las madres acudieron al Instituto para pedir explicaciones y defender el bienestar de su hija, aseguran que el problema tomó otra dimensión: denunciaron haber recibido un trato denigrante y expresiones discriminatorias relacionadas con la composición de su familia.
De acuerdo con su relato, personal de la institución habría manifestado que cualquier situación que pudiera experimentar la pequeña dentro de la escuela no se comparaba con el supuesto trauma de tener dos madres.
Un señalamiento particularmente grave que, de acreditarse, evidenciaría una posible vulneración al derecho de la menor a recibir un trato digno y libre de discriminación, así como al derecho de su familia a ser tratada en igualdad de condiciones.
Las denunciantes también afirmaron que les hicieron saber que su presencia no era bienvenida en el colegio y que mantendrían inscrita a su hija hasta que ellas mismas se cansaran y decidieran retirarla. Según explicaron, la institución habría evitado negarles directamente la inscripción porque esto podría derivar en un conflicto por discriminación.
Una de las madres compartió que ella misma fue alumna del Instituto Mexicano Madero y que esa experiencia influyó en su decisión de confiar la educación y el cuidado de su hija al plantel Zavaleta.
Hoy, asegura sentir temor e incertidumbre por lo que pudo haber ocurrido durante las horas en que la pequeña permanecía en la escuela, especialmente porque, debido a su corta edad, todavía no cuenta con las herramientas para expresar verbalmente lo que vive o identificar cómo comunicar una situación de maltrato.
Una filosofía de inclusión que hoy está bajo cuestionamiento
La denuncia también pone bajo la lupa el discurso institucional del Instituto Mexicano Madero. En su página web, el colegio presenta su Filosofía de Valores como uno de sus principios fundamentales y asegura que, con base en valores universales, cultiva el amor, la justicia, el respeto y la inclusión, reconociendo a cada estudiante como un individuo único con el poder de influir en su comunidad.
Sin embargo, el testimonio de esta familia homoparental plantea una contradicción que la institución está obligada a aclarar: ¿cómo se puede hablar de inclusión mientras dos madres denuncian haber recibido comentarios discriminatorios precisamente por la familia que han formado? ¿Dónde quedan el respeto y la justicia cuando una familia acude a pedir explicaciones sobre las condiciones en las que se encuentra su hija y asegura haber sido recibida con descalificaciones?
La situación resulta todavía más delicada porque los señalamientos no se limitan a un conflicto entre madres y personal escolar. Se habla de una pequeña que presuntamente habría sido intimidada, que regresaba a casa con lesiones y que, según el testimonio familiar, no estaba consumiendo sus alimentos durante su estancia en el maternal. A esto se suma la acusación de que la dirección habría ordenado desechar su comida para ocultar lo que estaba ocurriendo.
La inclusión no puede quedarse en una frase bonita en la página web, ni el respeto puede ser un valor que solamente se promueva cuando no incomoda a la institución. Debe demostrarse en el trato cotidiano, en la protección de cada estudiante y, sobre todo, en la manera en que se responde cuando una familia denuncia posibles vulneraciones a los derechos de sus hijos.
El Instituto Mexicano Madero tiene una responsabilidad que va más allá de su discurso educativo: debe explicar qué ocurrió, qué sabía su dirección, qué medidas tomó y cómo garantiza que ningún menor esté expuesto a situaciones de violencia o discriminación dentro de sus instalaciones.
Porque si el amor, la justicia, el respeto y la inclusión son realmente los valores que dice cultivar el IMM, este caso representa una oportunidad ineludible para demostrarlo con hechos, no solamente con palabras.
Una docente rompió el silencio y otras familias comenzaron a conocer los señalamientos
En medio de esta situación, las madres reconocieron la intervención de una profesora de español, quien, según su testimonio, fue fundamental para revelarles las presuntas irregularidades que afectaban a su hija.
Su acercamiento también habría contribuido a que otras familias conocieran los señalamientos sobre el trato que recibían los menores dentro del maternal.
La información compartida por esta docente se convirtió, de acuerdo con las denunciantes, en un elemento importante para dimensionar lo que presuntamente estaba ocurriendo y para impulsar las acciones correspondientes ante las autoridades.
¿Qué preparación tiene la docente señalada?
Otro de los aspectos que las denunciantes consideran importante esclarecer es la preparación profesional de Valeria Largaespada Bagatella, quien estaba al frente del grupo.
De acuerdo con la información curricular que se compartió con esta redacción, la docente cuenta con una cédula profesional correspondiente a la Licenciatura en Lenguas Modernas e Interculturalidad, expedida en julio de 2025.
Las madres cuestionan si su formación y experiencia son suficientes para atender a niñas y niños de tan corta edad, por lo que consideran necesario que se revise si cuenta con las acreditaciones y los requisitos correspondientes para desempeñarse en esa función.
La institución también debe transparentar cuáles son sus protocolos de supervisión, atención de incidentes, alimentación y protección de los menores, así como las medidas que ha tomado ante los señalamientos de las familias.
Las infancias no pueden quedar a merced del silencio institucional
Lo denunciado en el IMM, plantel Zavaleta, no puede reducirse a un desacuerdo entre padres de familia y autoridades escolares. Estamos hablando de menores de apenas uno y dos años, de presuntas agresiones físicas, intimidación, posibles omisiones en su alimentación y de una familia que asegura haber sido discriminada cuando buscó respuestas sobre el bienestar de su hija.
La dirección del Instituto no puede permanecer al margen de cuestionamientos de esta magnitud. Si los hechos ocurrieron como los describen las familias, no bastaría con deslindar responsabilidades individuales: también tendría que esclarecerse qué mecanismos de supervisión fallaron, qué conocimiento tenía la dirección y por qué las madres aseguran que no encontraron una respuesta adecuada cuando acudieron a denunciar lo que sucedía.
Una institución educativa no puede presumir amor, justicia, respeto e inclusión mientras sus propias familias denuncian sentirse desprotegidas, intimidadas y discriminadas. Esa contradicción exige explicaciones.
Desde Ni Perra Idea exigimos que la Fiscalía General del Estado de Puebla investigue los señalamientos, que las autoridades educativas revisen la actuación del personal y que el Instituto Mexicano Madero fije una postura clara, transparente y verificable sobre lo ocurrido.
También es necesario que se garantice la protección de las niñas y los niños involucrados, evitando cualquier represalia contra las familias o el personal que haya aportado información.
Porque los niños no tienen por qué pagar las consecuencias de la indiferencia de los adultos. No pueden defenderse solos, no siempre pueden contar lo que les sucede y no deberían necesitar que una familia entera luche para que su bienestar sea tomado en serio.
¡La inclusión no se presume, se practica; la protección de las infancias no se negocia y el silencio institucional no puede ser la respuesta!
Hasta el momento, los señalamientos contra Valeria Largaespada Bagatella y Elia San Pedro Hernández no cuentan con una resolución judicial que determine responsabilidades. Tampoco se cuenta con una postura oficial de las personas señaladas o del Instituto Mexicano Madero respecto de esta denuncia específica. Corresponderá a las autoridades esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.
