Durante la ponencia “Etapa de Investigación en delitos contra los Animales en el Estado de Puebla – Concientización con el Bienestar Animal”, realizada en el Congreso de Puebla, autoridades y representantes animalistas expusieron los avances en materia de justicia animal, pero también las omisiones, obstáculos y vacíos que siguen retrasando investigaciones y sentencias.
En Puebla existen leyes que reconocen delitos contra los animales, una Fiscalía especializada y organizaciones que acompañan a las víctimas. Pero entre que ocurre una agresión y llega una sentencia todavía existe un camino lleno de obstáculos. Esa fue una de las principales reflexiones que dejó la ponencia “Etapa de Investigación en delitos contra los Animales en el Estado de Puebla – Concientización con el Bienestar Animal”, realizada este jueves en el Congreso de Puebla.
Durante el encuentro participaron Patricia Aguilar, representante legal de TAC Una Protección al Entorno A.C., y el Dr. Abraham Aguilar Yáñez, titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra los Animales de la Fiscalía de Puebla.
Desde sus respectivas experiencias, ambos expusieron una realidad que pocas veces se observa cuando un caso de maltrato animal se vuelve viral: la justicia no termina con una denuncia y tampoco comienza necesariamente cuando un animal es agredido.
Entre policías que no actúan, víctimas que quedan sin atención, detenciones que no se realizan bajo la figura jurídica correspondiente y dificultades para integrar carpetas de investigación, los casos pueden avanzar lentamente mientras las víctimas siguen esperando justicia.
Un problema que comienza desde la ley
Durante su participación, el Dr. Abraham Aguilar Yáñez explicó que uno de los principales problemas a nivel nacional es la falta de homologación entre las leyes de las 31 entidades federativas y la Ciudad de México.
Lo que en Puebla puede considerarse crueldad animal, en otra entidad puede clasificarse como maltrato o incluso como una infracción.
A esto se suma la falta de armonización entre las distintas legislaciones, lo que puede generar lagunas jurídicas y dificultades para integrar correctamente una carpeta de investigación.
En Puebla existen actualmente nueve tipos penales relacionados con animales: maltrato animal, crueldad animal, extorsión, peleas de perros, apoderamiento de un animal de compañía sin consentimiento de su propietario, faenado clandestino, privación de la vida de animales de abasto sin métodos de insensibilización, actos sexuales con animales y abandono de animales de compañía.
Pero, como señaló el funcionario, estos delitos no son nuevos. Lo que ha cambiado es la presión social para hacerlos visibles.
“Los delitos contra los animales siempre han existido, pero hoy la sociedad les ha dado visibilidad”, explicó.
Huesitos y la primera omisión: atender a la víctima
Patricia Aguilar expuso nuevamente el caso de Huesitos, pero más allá de la brutalidad del ataque, su relato permitió observar los obstáculos que pueden aparecer desde las primeras horas de una investigación.
De acuerdo con su relato, el ataque contra Huesitos fue reportado durante la madrugada del 12 de febrero de 2025. El presunto agresor fue detenido.
Sin embargo, las autoridades olvidaron algo fundamental: la víctima.
Huesitos permaneció durante horas en la vía pública, gravemente herido y desangrándose, mientras el caso era difundido en redes sociales y vecinos exigían atención.
El perrito finalmente fue rescatado por Patricia Aguilar y su hermana Catalina, quienes lo trasladaron a una clínica veterinaria en Tehuacán. Pero ese no fue el único contratiempo.
El caso enfrentó dificultades para avanzar como un delito contra los animales, debido a que el señalado había sido detenido inicialmente por una presunta alteración al orden público.
Y ahí aparece uno de los puntos centrales de la exposición: una agresión puede estar grabada, puede existir una víctima y puede haber un detenido, pero si la actuación inicial de la autoridad no se realiza correctamente, el proceso puede complicarse desde sus primeros pasos.
En el caso de Huesitos, TAC tuvo que intervenir para impulsar la atención de la víctima y el seguimiento jurídico.
La historia también muestra que la responsabilidad de la autoridad no debería terminar con detener a una persona. La víctima también requiere atención, protección, evidencia, dictámenes veterinarios y una investigación correctamente integrada.
Patrullas, atropellamientos y preguntas sin respuesta
Patricia Aguilar también llevó al Congreso varios casos ocurridos en Santiago Miahuatlán, en los que, según lo expuesto, existen cuestionamientos directamente relacionados con la actuación de autoridades municipales.
Los casos de Arnold y Oddie fueron presentados como ejemplo. Ambos perros habrían sido atropellados por una patrulla municipal. Uno fue localizado y entregado a sus propietarios, pero el otro continúa desaparecido.
La situación se repitió, de acuerdo con Aguilar, en Villa Alegría, donde otro lomito habría sido atropellado por una patrulla, levantado y colocado en la batea del vehículo.
Hasta ahora, señaló, la autoridad municipal no ha informado qué ocurrió con ese animal ni dónde quedó.
Aquí la pregunta deja de ser únicamente quién atropelló al animal.
También es necesario preguntar: ¿qué hizo la autoridad después?, ¿dónde está el registro del hecho?, ¿qué ocurrió con la víctima?, ¿quién supervisó la actuación de los elementos?, ¿qué investigación se inició y cuál fue su resultado?
Porque cuando una autoridad está involucrada en un hecho que afecta a un animal, también tiene la responsabilidad de esclarecerlo y rendir cuentas.
Una agresión grabada y una autoridad que, según lo expuesto, no actuó
Otro de los casos presentados fue el de un perro que habría sido atacado con un machete frente a su propietaria.
La agresión quedó registrada en video. Sin embargo, de acuerdo con el relato presentado ante el Congreso, policías municipales acudieron al sitio, observaron lo ocurrido y no detuvieron al presunto agresor.
Este tipo de casos plantea otro problema: ¿qué sucede cuando la autoridad presencia o recibe el reporte de una agresión y no actúa de manera efectiva?.
La existencia de leyes que reconocen el maltrato y la crueldad animal pierde fuerza si en el primer contacto con una víctima no existe una respuesta adecuada, diligente y con perspectiva de protección animal.
El camino hacia una sentencia puede ser largo
La exposición de Patricia Aguilar permitió poner sobre la mesa algo que suele perderse cuando un caso se vuelve viral: una investigación no avanza únicamente porque exista indignación social.
Se necesita que la autoridad actúe correctamente desde el primer momento.
Que se preserve la evidencia, se atienda a la víctima, se identifique correctamente el delito, se integre la carpeta, se realicen los dictámenes necesarios, se soliciten las medidas correspondientes y que el caso pueda sostenerse ante un juez.
Cada omisión puede significar tiempo perdido. Y en materia de justicia, el tiempo también puede jugar en contra de las víctimas.
13 sentencias, pero “no es suficiente”
En contraste con los obstáculos expuestos, el Dr. Abraham Aguilar Yáñez informó sobre los avances de la Unidad Especializada.
Señaló que el 18 de agosto se obtuvo un fallo condenatorio en el caso de una perrita que fue arrojada desde un tercer piso. El 25 de agosto, explicó, el juez deberá pronunciarse sobre la pena convirtiéndose en la doceava sentencia condenatoria.
Mientras que existe otra resolución pendiente por el caso de Bellota, en Cuetzalan, que podría convertirse en la número 13.
Pero el propio funcionario fue contundente al responder si esas sentencias son suficientes:
“No, señores, no es suficiente.”
Y probablemente esa sea una de las frases que mejor resumen el encuentro. Porque 13 sentencias pueden representar avances, pero también muestran la dimensión del trabajo que todavía queda por delante.
La justicia animal no debería tener colores
Aguilar Yáñez también hizo énfasis en que la protección de los animales debe trascender cualquier interés político.
“Los delitos contra los animales y los animales, los seres sintientes, no tienen partido político. No tienen bandera”, expresó.
El titular de la Unidad Especializada sostuvo que los animales son sujetos de derecho y que corresponde a las instituciones y a la sociedad cuidarlos, vigilarlos y ser su voz.
También reconoció el trabajo del Instituto de Bienestar Animal de Puebla, así como de organizaciones y colectivos como TAC, AMA Amores Perros y Movimiento Animalista de Puebla, además de las personas que, sin pertenecer a una organización, se atreven a presentar una denuncia.
El funcionario llamó a fortalecer el trabajo conjunto y reconoció particularmente el activismo de TAC como un activismo que coadyuva con la autoridad.
No basta con tener leyes: hay que hacerlas funcionar
La ponencia dejó sobre la mesa una realidad incómoda: Puebla ha avanzado en el reconocimiento de los animales como sujetos de derecho, pero todavía existen áreas donde la actuación institucional puede marcar la diferencia entre una denuncia archivada y una sentencia.
Los casos expuestos por Patricia Aguilar no solo hablan de animales que fueron víctimas de violencia.
Hablan de qué ocurrió después de la agresión; de quién atendió a la víctima, de quién preservó las pruebas, de quién investigó, de quién dio seguimiento; de quién dejó de hacerlo.
Y también de las organizaciones y ciudadanos que, en muchas ocasiones, terminan empujando los expedientes para evitar que una víctima animal quede olvidada.
Porque un animal no puede acudir a una Fiscalía, exigir una investigación ni reclamarle a una autoridad que cumpla con su responsabilidad.
Por eso la justicia animal no puede depender únicamente de que una organización o una persona tenga la fuerza suficiente para insistir hasta el final.
El reto, como quedó planteado desde el Congreso de Puebla, es construir un sistema donde la respuesta institucional no dependa de qué tan viral se vuelva un caso, de quién acompañe a la víctima o de cuántas veces haya que tocar una puerta.
Porque detrás de cada carpeta hay un ser vivo. Y si la ley reconoce que es una víctima, las instituciones también tienen que actuar como si su vida importara.
