El diputado Roberto Zataráin Leal presentó un punto de acuerdo para que la Fiscalía General del Estado establezca un protocolo que determine qué hacer con perros, gatos y otros animales encontrados durante cateos o actos de investigación.
Cuando una autoridad entra legalmente a un inmueble para realizar un cateo, hay puertas que se aseguran, investigaciones que continúan y diligencias que deben seguir su curso. Pero detrás de esas puertas también pueden quedar seres sintientes que no entienden qué ocurrió, que no pueden abrir una cerradura, pedir agua ni llamar a alguien para decir que siguen ahí.
Ese escenario fue llevado al Congreso de Puebla por el diputado Roberto Zataráin Leal, quien planteó la necesidad de establecer un protocolo público, uniforme y verificable para proteger a los animales que puedan encontrarse dentro de un inmueble durante un cateo o cualquier otro acto de investigación.
La propuesta parte de una pregunta tan sencilla como urgente: ¿quién se hace responsable de ellos cuando la autoridad asegura un inmueble?
Una puerta asegurada no puede convertirse en abandono
Durante su intervención, el legislador puso sobre la mesa el riesgo de que perros, gatos u otros animales permanezcan encerrados durante horas o incluso días, sin que exista claridad sobre quién debe intervenir.
¿Quién identifica al animal? ¿Quién revisa si está herido? ¿Quién verifica que tenga agua y alimento? ¿Quién determina si necesita atención veterinaria? ¿Quién lo retira? ¿Quién lo traslada y dónde debe quedar bajo resguardo?
Actualmente, señaló, Puebla no cuenta con un protocolo público y uniforme que establezca claramente esta ruta de actuación.
El planteamiento tomó como antecedente una denuncia ciudadana difundida el pasado 7 de septiembre, relacionada con un cateo realizado en San Pablo Xochimehuacan.
Zataráin Leal puntualizó que el objetivo no es prejuzgar lo ocurrido en ese caso ni señalar a algún servidor público, sino reconocer que aquella situación puso sobre la mesa una pregunta que las instituciones deben poder responder: qué debe ocurrir cuando durante una diligencia se encuentra a un animal que necesita protección.
Protegerlos también puede ser parte de la investigación
La propuesta no plantea detener cateos ni modificar las facultades de la Fiscalía.
Por el contrario, el diputado señaló que la protección de los animales puede formar parte de la propia investigación, especialmente cuando existen posibles delitos de maltrato animal.
Las lesiones, el estado físico de un ejemplar o las condiciones en las que fue encontrado pueden constituir elementos relevantes para determinar qué ocurrió dentro de un inmueble.
Por ello, establecer una ruta de actuación permitiría que la atención de los animales no dependa de la buena voluntad o de que alguna persona, de manera circunstancial, decida intervenir.
Puebla ya tiene instituciones: falta establecer cómo coordinarse
Otro de los puntos planteados es que el estado ya cuenta con herramientas e instituciones que podrían participar en esta atención.
La entidad tiene una Ley de Bienestar Animal, Centros de Bienestar Animal, médicos veterinarios, asociaciones protectoras y una unidad especializada de la Fiscalía para investigar delitos cometidos contra animales.
Por ello, el punto de acuerdo propone que la Fiscalía General del Estado elabore y publique un protocolo que establezca con claridad qué hacer cuando durante un cateo sea localizado un animal.
La propuesta contempla, entre otras acciones:
- Identificar a los animales encontrados.
- Valorar su estado de salud y sus condiciones.
- Determinar cuándo deben ser retirados del inmueble.
- Establecer cómo deben ser trasladados.
- Definir dónde serán resguardados.
- Coordinar su atención con el Sistema Estatal y los ayuntamientos.
- Permitir que los Centros de Bienestar Animal puedan recibir a los ejemplares cuando sean remitidos por la autoridad.
Una radiografía que busca dejar huella
Más allá de un procedimiento administrativo, el planteamiento pone el foco en una realidad que muchas veces queda fuera de los expedientes: los animales también pueden ser víctimas colaterales de una diligencia judicial.
Ellos no saben qué es un cateo. No entienden por qué de pronto las personas se van, por qué una puerta queda cerrada o por qué nadie vuelve a ponerles agua o comida.
Y tampoco pueden denunciar si están heridos, pedir auxilio o explicar las condiciones en las que vivían.
Por eso, el punto de acuerdo plantea que cuando el Estado interviene legalmente en un inmueble, también debe existir una responsabilidad clara respecto de los seres sintientes que quedan dentro.
La discusión busca dejar una huella muy concreta: que frente a un perro, un gato o cualquier otro animal encontrado durante una diligencia, la respuesta institucional nunca vuelva a ser “no sabemos a quién le corresponde”.
Porque una investigación puede continuar y un inmueble puede quedar asegurado, pero ningún animal debería pagar las consecuencias de un vacío de coordinación entre autoridades.
Desde la manada de Ni Perra Idea, esta propuesta pone sobre la mesa algo que parece básico, pero que necesita reglas claras: si la autoridad llega, también debe saber quién va a cuidar a los que no pueden cuidarse solos.
