Miguel Toxqui Toxqui, jefe de Educación Física y Deportes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), fue vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual contra una estudiante menor de edad de nivel bachillerato. La Fiscalía General del Estado de Puebla ejecutó su detención a inicios de mayo y un juez dictó prisión preventiva oficiosa, sin derecho a fianza.
El caso ha generado fuerte indignación dentro y fuera de la comunidad universitaria. Ante ello, la UPAEP emitió un comunicado este 12 de mayo en el que aseguró que la dignidad de las personas es una prioridad para la institución, y que condena “con firmeza cualquier acto de violencia, y no tolera ningún abuso, en especial contra los menores”.
Según el mismo comunicado, la universidad afirmó que al recibir la denuncia a través de su Sistema de Integridad, se inició de inmediato un procedimiento institucional y se estableció “un diálogo directo con los denunciantes, incluidos los padres de familia”. La institución señaló que, al conocer la naturaleza de la acusación, Toxqui fue separado de su cargo “para que afrontara el proceso de acuerdo a las disposiciones legales correspondientes”.
UPAEP también indicó que brindó ayuda psicológica y acompañamiento a la víctima, y que sus acciones se orientaron a “salvaguardar la seguridad de la persona implicada dentro de las instalaciones de la Universidad”. Además, subrayó que ha garantizado el derecho a la educación de la alumna, quien continúa sus estudios con beca activa y con apoyo institucional.
Sin embargo, familiares de la víctima denuncian que, tras presentar la acusación, la universidad retiró una beca futura para estudios de licenciatura y le pidió abandonar la residencia antes del 4 de abril, alegando que no podían garantizar su seguridad. Aunque UPAEP asegura que sus decisiones fueron tomadas para proteger a la denunciante, hasta el momento no ha aclarado si mantendrá el apoyo económico para su formación superior.
Finalmente, la universidad reiteró su compromiso con las autoridades, afirmando que ha respondido “en tiempo y forma a sus requerimientos” y que se mantendrá a la espera de la resolución judicial. “Refrendamos nuestro compromiso de salvaguardar el bienestar de todos los miembros de nuestra comunidad”, concluye el documento oficial.
El caso continúa abierto, mientras crece la presión social para que la universidad y las autoridades garanticen justicia plena y transparencia en el proceso.
