Tehuacán, Puebla – En una protesta pacífica pero contundente, Greenpeace México y habitantes de Santa María Coapan —una comunidad indígena nahua históricamente ligada al cultivo del maíz— exigieron al gobierno municipal de Tehuacán cumplir con su obligación de remediar un basurero tóxico que, tras casi 30 años de operación irregular, continúa enfermando a la población y destruyendo su entorno natural.
Frente al Palacio Municipal, los manifestantes instalaron bolsas negras llenas de residuos como plásticos, cartón y mezclilla, replicando los desechos que inundan el sitio. Con una manta que decía: “Ayuntamiento evasor, haz la remediación”, denunciaron la inacción del gobierno local, encabezado por el presidente municipal Alejandro Barroso.
“El basurero de Coapan, Tehuacán, aunque fue clausurado, el gobierno no ha hecho remediación, sino que queman y entierran basura, contaminando la naturaleza y a las comunidades. Hoy llevamos la protesta al gobierno municipal”, publicó @greenpeacemx en la red X.
El basurero, que funcionó desde 1993, acumuló más de 3.7 millones de toneladas de residuos, incluidos residuos peligrosos industriales de maquiladoras textiles y residuos biológico-infecciosos de hospitales, lo que lo convierte en un foco permanente de contaminación y enfermedades. La PROFEPA ordenó su clausura total en junio de 2023, pero el gobierno municipal no ha implementado el plan de remediación ni ha cumplido con las sentencias de amparo que protegen el derecho de la comunidad a un ambiente sano.
La situación se agravó durante la protesta cuando, según reportes de distintos medios de comunicación, el funcionario Ernesto Palacios intentó arrebatarle la palabra a la activista Ornela Garelli, coordinadora de la campaña “Combate al cambio climático” de Greenpeace, justo cuando explicaba ante la prensa los motivos de su retiro del Palacio Municipal: la negativa del alcalde a permitir la grabación del diálogo y la actitud discriminatoria hacia la comunidad nahua de Coapan.
“Esto se vive día a día en Tehuacán. Los que luchamos y aportamos para la mejora de nuestra ciudad, esta es la realidad que vivimos”, denunció la cuenta @Tac_AC en redes sociales.
Ornela Garelli condenó la censura y señaló que los funcionarios públicos deben respetar los principios democráticos y los derechos de las comunidades, especialmente cuando se trata de temas de interés público como la salud y el medio ambiente.
La comunidad también denunció que el basurero invadió parte de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, un Área Natural Protegida de gran valor ecológico. “Este caso es un ejemplo claro de racismo ambiental: los territorios indígenas son utilizados como zonas de sacrificio”, afirmaron integrantes del Comité de Bienes del Pueblo.
El problema de los rellenos sanitarios es generalizado en Puebla. Durante el Primer Foro Estatal contra los Rellenos Sanitarios, comunidades de todo el estado compartieron experiencias similares de contaminación, desinformación y violencia institucional.
La organización también vinculó esta lucha local con la crisis global del plástico, e hizo un llamado al gobierno mexicano a liderar las negociaciones del Tratado Global de Plásticos en la ONU con una postura firme que prohíba plásticos desechables, regule químicos tóxicos y reduzca la producción global.
“Solo así podremos garantizar la protección de la salud de las comunidades y del planeta”, concluyó Garelli.
Lo ocurrido en Santa María Coapan revela una verdad incómoda: mientras la contaminación avanza, las comunidades que más sufren son también las que deben pelear solas para que se cumpla la ley.
