Han pasado dos años y dos meses desde que Michelle y Natalí Hoyos López, periodistas del medio Despertar de la Mixteca, fueron detenidas ilegalmente, torturadas y agredidas sexualmente por policías municipales de Izúcar de Matamoros mientras cubrían una marcha feminista el 10 de marzo de 2023. Los hechos ocurrieron bajo el gobierno de la entonces alcaldesa Irene Olea Torres, y desde entonces el caso ha enfrentado múltiples intentos de encubrimiento.
Un proceso lento y lleno de obstáculos
A pesar de que el caso está documentado con 115 pruebas y respaldado por un Protocolo de Estambul positivo que confirma la tortura, el Poder Judicial ha retrasado sistemáticamente la justicia. El 18 de julio de 2024, once funcionarios fueron vinculados a proceso. Sin embargo, una jueza de distrito les permitió seguir en libertad, ignorando las pruebas y el riesgo de fuga.
Durante ese periodo, las periodistas y su familia sufrieron al menos 10 actos de intimidación: patrullajes frente a su casa, vigilancia constante y amenazas, a pesar de existir una orden de restricción que prohibía a los agresores acercarse a ellas.
Además, Socorro Berrar Sánchez, testigo clave que señalaba directamente al círculo de la exalcaldesa Olea, fue asesinada a balazos mientras esperaba rendir su testimonio ante la Fiscalía General de la República.
El giro: prisión preventiva y búsqueda de responsables
La semana pasada, el Tribunal Colegiado del Sexto Distrito dio un giro al caso al revocar la decisión de la jueza de distrito. Ordenó prisión preventiva justificada contra cinco policías (cuatro hombres y una mujer) y el exjuez cívico Jesús Venancio Castro, quien alteró documentos oficiales para encubrir la detención ilegal.
“Se impone como única medida cautelar la prisión preventiva justificada…”, dictaron los magistrados, reconociendo que la libertad de los acusados ponía en riesgo el proceso penal.
El tribunal otorgó 72 horas para que los implicados se presentaran voluntariamente ante el juzgado. Hasta ahora, ninguno lo ha hecho, por lo que se iniciará la búsqueda de los servidores Abel S., Víctor V., Abraham N., Jonathan N. y Mariela M, quienes se desempeñaban como policías municipales, así como de Jesús V., juez calificador.
Un pacto de silencio que comienza a romperse
Los magistrados señalaron que la jueza no valoró correctamente las pruebas. Ahora, con la posibilidad de una pena de hasta 20 años de cárcel, se abre la puerta para que los detenidos revelen quién dio la orden directa de atacar a las periodistas.
El nombre de Irene Olea podría salir a la luz en los próximos días. Diversos testimonios señalan que su administración orquestó una venganza política contra las comunicadoras, como represalia por las críticas a su gestión.
También se menciona que funcionarios del anterior gobierno estatal intervinieron para proteger a la exalcaldesa, amenazando a los implicados y prometiéndoles impunidad.
Hoy, ese pacto comienza a resquebrajarse.
