Una denuncia ciudadana destapó emisiones constantes de polvo; autoridades detectaron fallas graves en el manejo ambiental
Una calera ubicada en el municipio de Tepeyahualco, Puebla, fue clausurada de manera temporal parcial por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), luego de detectar irregularidades en el control de emisiones contaminantes a la atmósfera.
La inspección, realizada el pasado 16 de abril, se llevó a cabo tras una denuncia ciudadana que alertaba sobre la emisión continua de partículas de polvo visibles en la zona.
Sin registros, sin reportes… y con emisiones activas
Durante la visita, personal de la Profepa constató que la empresa no contaba con bitácoras de operación y mantenimiento de sus equipos, entre ellos cinco hornos de calcinación y una hidratadora, lo que impide verificar el adecuado funcionamiento de los sistemas de control ambiental.
Además, no presentó el aviso correspondiente ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por el paro de sus equipos de proceso y control, ni entregó las Cédulas de Operación Anual correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024.
A esto se suma que la compañía no pudo acreditar que el laboratorio encargado de medir sus emisiones esté certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), lo que deja en duda la validez de sus mediciones ambientales.
Riesgo para la salud y el entorno
De acuerdo con la autoridad ambiental, estas omisiones representan un riesgo directo tanto para la calidad del aire como para la salud de la población, por lo que se determinó la clausura como medida de seguridad.
La sanción se aplicó específicamente en el sistema de alimentación del horno de calcinación número 1 —el único que se encontraba en operación— mediante la colocación de sellos oficiales en las bandas del soplador del tanque de almacenamiento de coque.
Procedimiento en curso
La Profepa informó que dará seguimiento al procedimiento administrativo correspondiente y continuará con las labores de inspección y vigilancia para garantizar que la empresa cumpla con la normatividad ambiental vigente.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa el papel de las denuncias ciudadanas en la detección de posibles daños ambientales, así como la necesidad de reforzar la supervisión a industrias que generan emisiones contaminantes.
